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Miércoles 22 de octubre de 2014
La conocida página de subastas por Internet, "eBay", ha retirado las subastas de venta de votos que varios ciudadanos habían registrado en su 'web' con vistas a las elecciones generales del 9 de marzo, una práctica que, según se asegura en fuentes jurídicas, podría ser considerada delito electoral de acuerdo a la legislación vigente.
Conscientes de ello, el departamento de vigilancia del citado portal ha procedido a retirar los anuncios que se han venido colgando en la web desde el pasado sábado y hará lo propio con los que se pudieran 'colar' hasta la celebración de los comicios.
Según informaron a Europa Press fuentes de eBay, habitualmente los 'vigilantes' de la página logran que un 75 por ciento de los productos "no permitidos" no acaben anunciándose en la página, algo que no ha ocurrido con la venta de papeletas electorales, cuyas subastas, sin embargo, ya han sido anuladas.
La igualdad que pronostican los sondeos en las generales de marzo fue utilizada como justificación para esta 'venta de votos' al mejor postor en la citada página de Internet, donde se pudo ver a primera hora de ayer hasta cinco anuncios de diferentes ciudadanos ofreciendo su papeleta.
Desde el sábado ha estado a la venta el voto de un ciudadano de Arucas (Las Palmas de Gran Canaria), que esta tarde había recibido ya 17 pujas hasta llegar a una cotización de 64, 5 euros. "Pongo a subasta mi voto en total libertad y conocimiento de lo que significa este hecho --argumentaba en la descripción del producto este anunciante--. Total confidencialidad y anonimato al ganador del voto".
HASTA UN VIDEO DE PRUEBA
También se ofrecían a subasta los votos de dos ciudadanos de Cádiz, uno del municipio del Puerto de Santa María y otro de la capital, el cual sólo recibió una puja pero por el importe más elevado: 100 euros.
Lo mismo hicieron un ciudadano de Mieres (Asturias), cuyo voto se llegó a cotizar esta tarde a 10, 60 euros, y otro de Culleredo (A Coruña), que incluso prometía en su anuncio en vídeo tanto el momento en que meta su papeleta en el sobre como su introducción en la urna que le corresponde, en Pontevedra.
Fuentes jurídicas aseguran que este tipo de prácticas podrían suponer delito electoral, pues la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 146. 1 que se castigará con la pena de arresto mayor y multa de 180 euros a 1. 800 euros a "quienes por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención".
Y no sólo los compradores del voto corren el riesgo de ser acusados de ese delito electoral, sino también los ciudadanos que han sacado a subasta su voto, e incluso quien lo difunde, ya que el artículo 18 del Código Penal equipara la "provocación al delito" con la "inducción" al mismo y lo aplica a quien incite "por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad o la concurrencia de personas a las perpetración de un delito".