El primer punto es que hay varias cláusulas en las condiciones de Tiktok que no son claras, son ambiguas, o favorecen a TikTok en detrimento de sus usuarios. Los derechos de autor no son justos, ya que los usuarios le dan a la plataforma un uso irrevocable de todo el contenido que suban, pudiendo usarlo, distribuirlo o reproducirlo sin que los usuarios reciban remuneración por ello.
El segundo punto tiene que ver con la función de TikTok que permite comprar monedas y recargar saldo en TikTok para hacer regalos virtuales a perfiles famosos. En esas compras, TikTok puede cambiar el precio y el tipo de cambio entre las monedas y los regalos, lucrándose en el proceso en esas transacciones sin que los usuarios puedan hacer nada al respecto.
El tercer punto es que TikTok no protege a los niños y adolescentes de los anuncios ocultos y de contenido potencialmente perjudicial en la plataforma. Por ejemplo, se incita a los usuarios a que participen en hashtags que en realidad están patrocinados, promocionando indirectamente a una marca. En la mayoría de ocasiones son los influencers quienes inician esos hashtags, para lo cual han recibido dinero previamente, ya que es posible ganar dinero en TikTok.
Por último, la política de procesamiento de datos de los usuarios de la plataforma es poco precisa, ya que no se informa claramente a los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos son niños y adolescentes que no están familiarizados con la terminología. Por ello, los usuarios no saben con claridad qué datos personales se están recopilando, para qué fines y por qué razones legales.
Por todo esto, la BEUC cree que TikTok estaría violando el RGPD, y pide a la UE que investigue las políticas y prácticas de TikTok y que se asegure de que la app cumple con los derechos de los consumidores europeos, informando correctamente sobre su modelo de negocio y procesamiento de datos. También piden que se eliminen las cláusulas abusivas, y haya más información sobre su actividad.
En España, la OCU se ha dirigido, además de a las organizaciones europeas, a la Dirección General de Consumo, a la Agencia Española de Protección de Datos y a la CNMC. El objetivo final es que la app sea segura y que no se haga negocio con los datos de menores.