En una declaración en el Escritorio de Prensa, la presidenta de la Cámara Baja ha comunicado esta decisión, tras hablar con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, que le ha transmitido que ha concluido la "ronda de negociaciones" con los grupos políticos con representación parlamentaria y que "está en condiciones de poder ir al debate de investidura".
Procedimiento de investidura
La sesión de investidura está prevista en el artículo 99 de la Constitución y regulada en los artículos 170 a 172 del Reglamento del Congreso. El debate arranca con la intervención del candidato, que expone ante el Pleno el programa del Gobierno que prevé formar y solicita la confianza al Congreso. Tras su intervención, toman la palabra los representantes de los grupos parlamentarios para fijar posición y, tras concluir el debate, se celebra la primera votación.
En la votación, que es pública por llamamiento, se nombra a los diputados uno a uno, por orden alfabético a partir de un miembro de la Cámara elegido al azar, para que en voz alta digan "Sí", "No" o "Abstención" al otorgamiento de la confianza. En esta primera votación, el candidato necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Pleno -176 diputados- para ser elegido presidente del Gobierno.
Si no la obtiene, se convocará una nueva votación pasadas 48 horas desde la primera. En este segundo debate, que tendría lugar, en su caso, el sábado 18 de noviembre, el candidato volverá a pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios fijarán posición. En esta segunda votación, el candidato será investido presidente si obtiene mayoría simple, más votos a favor que en contra.
Si Sánchez no obtuviera la confianza de la Cámara, se podrían tramitar nuevas propuestas siguiendo el mismo procedimiento: el Rey, tras consultar a los representantes de las formaciones con escaño en el Congreso, propondría candidato a través de Armengol.
No obstante, una nueva sesión de investidura debería concluir en todo caso antes del 27 de noviembre, fecha en la que finaliza el plazo de dos meses previsto en el artículo 99.5 de la Constitución y que arrancó el 27 de septiembre, fecha de la primera votación de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia del Gobierno. Terminado el plazo de dos meses se disolverían las Cortes Generales y se convocarían nuevas elecciones generales el 14 de enero de 2024.