“Cuando la intención genocida es tan conspicua, tan ostentosa, como lo es en Gaza, no podemos apartar la vista, debemos hacer frente al genocidio; debemos prevenirlo y debemos castigarlo”, declaró este martes la relatora especial* sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados durante la presentación de su informe Anatomía de un genocidio.
Durante la sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese** dijo que considera que hay "motivos razonables" para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del delito de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza.
"En concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo", declaró.
La experta señaló que “una minoría de poderosos Estados miembros”, en lugar de detener su impulso, “ha prestado apoyo militar, económico y político a la atrocidad, agravando la devastación que ha provocado en los palestinos”.
En este contexto, Albanese pidió a los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones e impongan un embargo de armas y sanciones a Israel.
Afirmó que negar la realidad y mantener la impunidad y el excepcionalismo de Israel ya no es viable, especialmente a la luz de la resolución vinculante del Consejo de Seguridad, adoptada este lunes, que pide un alto el fuego inmediato en Gaza.
Además de matar a más de 30.000 palestinos, entre ellos 13.000 niños, las fuerzas israelíes utilizaron "un arsenal apocalíptico" en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Se utilizaron casi 25.000 toneladas de explosivos (el equivalente a dos bombas nucleares), municiones no guiadas (o "bombas tontas") y otros artefactos para arrasar barrios enteros.
“En las dos primeras semanas, Israel impidió que entrara en Gaza toda la ayuda humanitaria, y en los meses siguientes ha impuesto restricciones extremas al agua, los alimentos, la electricidad y el combustible (…) Esta política deliberada ha inducido una grave inseguridad alimentaria rápida y sostenida en toda la población, y los atrapados en el norte se alimentan de piensos y hierba”, prosiguió la experta.
Albanese concluyó que “en menos de seis meses Israel ha destruido Gaza, borrando o dañando gravemente casi toda la infraestructura civil y las tierras agrícolas”.
La experta también se refirió a imágenes publicadas por parte de soldados israelíes “en las que se jactan de sus asesinatos de familias, madres, niños, del bombardeo de hogares, mezquitas y escuelas” y vídeos que “les muestran burlándose sádicamente y humillando a sus víctimas palestinas”.
La experta independiente, que tiene un mandato del Consejo de Derechos Humanos pero no habla en nombre de la ONU, subrayó que estos "actos de genocidio" están motivados por un vehemente discurso antipalestino, que describe "a todo el pueblo (...) como un enemigo que debe ser erradicado o eliminado por la fuerza". "Esta retórica es omnipresente en todos los segmentos de la sociedad israelí", señaló.
Y el hecho de que altos cargos israelíes con autoridad de mando pidieran regularmente a sus soldados que aniquilaran a la población de Gaza constituye "una prueba irrefutable de incitación explícita y pública a cometer genocidio".
Según Albanese, los dirigentes ejecutivos y militares y los soldados israelíes han “distorsionado intencionadamente las normas fundamentales” del derecho internacional humanitario (distinción, proporcionalidad y precaución) “en un intento de legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino”.
“Al estirar deliberadamente las definiciones de escudos humanos, órdenes de evacuación, zonas seguras, daños colaterales y protección médica, Israel ha utilizado sus funciones protectoras como camuflaje humanitario con el efecto de ocultar pautas de conducta, de las que la única inferencia que puede extraerse razonablemente es una política estatal de violencia genocida contra los palestinos”, dijo.
En este contexto, la potencia ocupante no distingue entre civiles y combatientes ni entre infraestructuras civiles y objetivos militares legítimos. Israel ha calificado a toda la población civil de Gaza de "escudos humanos" o "cómplices de los terroristas", señaló Albanese.
Además, los que consiguieron evacuarse a zonas definidas por Israel como "zonas humanitarias seguras" también fueron objeto de nuevos ataques, y sus muertes y lesiones fueron justificadas por Israel como "daños colaterales".
Detrás de esta descripción, la experta también quiso subrayar que el genocidio de Gaza es la etapa más extrema de un largo proceso de colonización destinado a aniquilar a los palestinos nativos.
"Durante más de 76 años, este proceso ha oprimido a los palestinos como pueblo de todas las formas imaginables, aplastando su derecho inalienable a la autodeterminación demográfica, económica, territorial, cultural y política", dijo Albanese, añadiendo que la "amnesia colonial de Occidente ha condonado el proyecto colonial de Israel".
"El mundo ve ahora el amargo fruto de la impunidad concedida a Israel. Ha sido una tragedia anunciada", concluyó la experta.
Con la Corte Internacional de Justicia a punto de deliberar y el Tribunal Penal Internacional a punto de llevar a cabo una investigación, consideró que era su responsabilidad recordar al Consejo de Derechos Humanos que ha llegado el momento de que los Estados actúen. "El momento de que los Estados actuaran era entonces, y como no lo hicieron, ese momento es ahora”.
Por su parte, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, presentó un informe sobre los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023.
"En el periodo que abarca el informe se ha producido una drástica aceleración, en particular después del 7 de octubre de 2023, de las tendencias de larga data de discriminación, opresión y violencia contra los palestinos que acompañan a la ocupación israelí y a la expansión de los asentamientos que llevan a Cisjordania al borde de la catástrofe", afirmó.
Actualmente hay unos 700.000 colonos israelíes en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que viven en 300 asentamientos y puestos avanzados, todos ellos ilegales según el derecho internacional humanitario.
El tamaño de los asentamientos israelíes existentes también se ha ampliado notablemente, según el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Aproximadamente 24,300 unidades de vivienda dentro de los asentamientos israelíes existentes en Cisjordania en el Área C avanzaron o se aprobaron durante el período del informe, el más alto registrado desde que comenzó el monitoreo en 2017.
El informe observó que las políticas del actual Gobierno israelí "parecen alineadas, en un grado sin precedentes, con los objetivos del movimiento de colonos israelíes para expandir el control a largo plazo sobre Cisjordania, incluido Jerusalén Este, e integrar constantemente este territorio ocupado en el Estado de Israel", dijo Al-Nashif.
Durante el periodo que abarca el informe, Israel tomó medidas para transferir competencias administrativas relacionadas con los asentamientos y la administración de tierras de las autoridades militares a las oficinas del gobierno israelí, cuyo objetivo principal es prestar servicios dentro del Estado de Israel.
"Por tanto, el informe suscita serias preocupaciones por el hecho de que una serie de medidas, incluida esta transferencia de poderes a los funcionarios civiles israelíes, puedan facilitar la anexión de Cisjordania en violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", afirmó.
También se produjo un dramático aumento de la intensidad, gravedad y regularidad de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos, acelerando su desplazamiento de sus tierras, en circunstancias que pueden equivaler a un traslado forzoso.
La ONU registró 835 incidentes de violencia de colonos en los nueve primeros meses de 2023, la cifra más alta de la que se tiene constancia. Entre el 7 y el 31 de octubre de 2023, la ONU registró 203 ataques de colonos contra palestinos y vigiló el asesinato de ocho palestinos a manos de colonos, todos ellos con armas de fuego.
De los 203 ataques de colonos, más de un tercio implicaron amenazas con armas de fuego, incluidos disparos. Además, en casi la mitad de todos los incidentes ocurridos entre el 7 y el 31 de octubre participaron fuerzas israelíes que escoltaban o apoyaban activamente a colonos israelíes mientras llevaban a cabo los ataques.
Al-Nashif dijo que la línea entre la violencia de los colonos y la violencia del Estado se ha difuminado aún más, incluida la violencia con la intención declarada de trasladar por la fuerza a los palestinos de sus tierras. Informó de que, en los casos supervisados por el Oficina de Derechos Humanos, los colonos llegaron enmascarados, armados y, en ocasiones, con uniformes de las fuerzas de seguridad israelíes.
"Destruyeron las tiendas, los paneles solares, las tuberías de agua y los depósitos de los palestinos, profiriendo insultos y amenazando con que, si los palestinos no se marchaban en 24 horas, los matarían", afirmó.
Al final del periodo que abarca el documento, las fuerzas de seguridad israelíes habían entregado, según informes, unas 8000 armas a los denominados "escuadrones de defensa de los asentamientos" y "batallones de defensa regional" en Cisjordania, continuó.
"Después del 7 de octubre, la Oficina de derechos humanos de Naciones Unidas documentó casos de colonos que vestían total o parcialmente uniformes del ejército israelí y portaban fusiles del ejército, acosando y atacando a palestinos, incluso disparándoles a quemarropa".
Las autoridades israelíes también siguieron ejecutando órdenes de desalojo y demolición contra palestinos basadas en políticas, leyes y prácticas de planificación discriminatorias, entre otras cosas porque las propiedades carecían de permisos de construcción.
Al-Nashif dijo que Israel demolió 917 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania, incluidas 210 en Jerusalén Oriental, de nuevo uno de los índices más rápidos registrados. Como resultado, más de 1000 palestinos fueron desplazados.
"Cabe destacar que de las 210 demoliciones en Jerusalén Este, 89 fueron autodemoliciones realizadas por sus propietarios para evitar pagar las multas de las autoridades israelíes. Esto personifica el entorno coercitivo en el que viven los palestinos", afirmó.
El informe también documentó el plan en curso de Israel de duplicar la población de colonos en el Golán sirio para 2027, que actualmente se distribuye entre 35 asentamientos diferentes.
Además de la expansión de los asentamientos, se ha aprobado una actividad comercial que, según la funcionaria, puede seguir limitando el acceso de la población siria a la tierra y al agua.