Más allá de los 32.000 palestinos muertos, lo más de 75.000 heridos y los 1,9 millones de desplazados, un nuevo informe publicado este martes por el Banco Mundial y las Naciones Unidas evalúa el coste de los daños causados a las infraestructuras críticas de Gaza en unos 18.500 millones de dólares. Esto equivale al 97% del PIB combinado de Cisjordania y Gaza en 2022.
El informe de evaluación provisional, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, el mayor donante de Palestina, mide los daños sufridos por las infraestructuras físicas en sectores críticos entre octubre de 2023 y finales de enero de 2024.
El documento concluye que los daños a las estructuras afectan a todos los sectores de la economía. La vivienda representa el 72% de los costes. Las infraestructuras de servicios públicos, como el agua, la sanidad y la educación, representan el 19%, y los daños en edificios comerciales e industriales, el 9%.
En varios sectores, el ritmo de los daños parece estar estabilizándose, ya que son pocos los activos que permanecen intactos. Se calcula que la destrucción ha dejado 26 millones de toneladas de escombros, una cantidad que se tardará años en retirar.
El informe también analiza el impacto en la población de Gaza. Más de la mitad de la población de Gaza está al borde de la hambruna y toda la población sufre inseguridad alimentaria y desnutrición agudas.
Más de un millón de personas carecen de hogar y el 75% de la población está desplazada. Los efectos acumulativos catastróficos en la salud física y mental han afectado con mayor dureza a las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad, y se prevé que los más pequeños se enfrenten a consecuencias de por vida en su desarrollo.
Con el 84% de las instalaciones sanitarias dañadas o destruidas, y la falta de electricidad y agua para el funcionamiento de las instalaciones restantes, la población tiene un acceso mínimo a la atención sanitaria, los medicamentos o los tratamientos que salvan vidas.
El sistema de agua y saneamiento está prácticamente colapsado, con menos del 5% de su producción anterior, y la población depende de raciones limitadas de agua para sobrevivir. El sistema educativo se ha colapsado, con el 100% de los niños sin escolarizar.
El informe también señala el impacto en las redes eléctricas, así como en los sistemas generados por energía solar, y el apagón casi total desde la primera semana del conflicto. Con el 92% de las carreteras principales destruidas o dañadas y la infraestructura de comunicaciones gravemente deteriorada, la entrega de ayuda humanitaria básica a la población se ha hecho muy difícil.
El informe provisional de evaluación de daños identifica acciones clave para los primeros esfuerzos de recuperación, empezando por un aumento de la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria y la producción de alimentos; la provisión de refugio y soluciones de vivienda rápidas, rentables y ampliables para las personas desplazadas; y la reanudación de los servicios esenciales.