Las autoridades israelíes son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante las operaciones militares y los ataques perpetrados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según ha afirmado hoy en un nuevo informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel.
La Comisión también concluyó que los grupos armados palestinos son responsables de crímenes de guerra cometidos en Israel en los ataques que dirigieron en esa fecha.
En el informe, la Comisión determina que Israel ha cometido el crimen de lesa humanidad de exterminio. En esa categoría, también señala los crímenes de persecución por motivos de género contra hombres y niños palestinos, asesinato, traslado forzoso, tortura y tratos inhumanos y crueles.
El informe concluye que “las declaraciones de funcionarios israelíes, incluidas las que reflejan la política de infligir destrucción generalizada y matar a gran número de civiles, equivalen a incitación y pueden constituir otros delitos internacionales graves”.
La incitación directa y pública al genocidio es un delito de derecho internacional siempre que se perpetre, incluso por personas sin autoridad directa para la conducción de las hostilidades. La incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia es una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos y puede constituir un crimen internacional.
En relación con las operaciones y ataques militares israelíes en Gaza, que hasta ahora han causado la muerte de más de 37.200 palestinos y casi 85.000 heridos, la Comisión concluyó que las autoridades israelíes son responsables de distintos crímenes de guerra, como los de usar el hambre como método de guerra, el ataque intencionado contra civiles y bienes de carácter civil, el asesinato o homicidio intencionado, el traslado forzoso, la violencia sexual, la tortura y los tratos inhumanos o crueles, la detención arbitraria y los ultrajes contra la dignidad personal.
“El inmenso número de víctimas civiles en Gaza y la destrucción generalizada de bienes e infraestructuras civiles son el resultado inevitable de una estrategia emprendida con la intención de causar el máximo daño, haciendo caso omiso de los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones adecuadas. El uso intencionado de armas pesadas con gran capacidad destructiva en zonas densamente pobladas constituye un ataque intencionado y directo contra la población civil”, asegura la Comisión.
Además, los miembros de la Comisión, encabeza por la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navy Pillay, determinan que Israel ha impuesto un "asedio total" a Gaza, lo que equivale a un castigo colectivo contra la población civil.
“Las autoridades israelíes han convertido el asedio en un arma y han utilizado el suministro de artículos de primera necesidad, como agua, alimentos, electricidad, combustible y ayuda humanitaria, para obtener beneficios estratégicos y políticos. El asedio ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad, y ha infligido graves daños a los niños, provocando muertes infantiles evitables por inanición, incluidos recién nacidos.
El informe concluyó que determinadas formas de violencia sexual y de género forman parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad israelíes.
“La Comisión llegó a esta conclusión debido a la frecuencia, prevalencia y gravedad de las violaciones, que incluyen desvestir y mostrar desnudos en público con la intención de humillar a la comunidad en general y acentuar la subordinación de un pueblo ocupado”.
En Cisjordania, la Comisión señala que las fuerzas israelíes cometieron actos de violencia sexual, tortura y tratos inhumanos o crueles y ultrajes a la dignidad personal, todos ellos crímenes de guerra.
Además, la Comisión concluyó que el Gobierno de Israel y las fuerzas israelíes permitieron, fomentaron e instigaron una campaña de violencia de los colonos contra las comunidades palestinas de Cisjordania.
La Comisión examina la respuesta de Israel inmediatamente después de los ataques de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamás y otros grupos armados palestinos a Israel el 7 de octubre, que causó la muerte de 1200 israelíes y la toma de más de 250 rehenes, y señala que “sufrió inicialmente importantes retrasos y, en muchos lugares, fue totalmente inadecuada”.
Además, la Comisión ha recibido informaciones de que el Ejército de Israel utilizó la llamada directiva Aníbal “para impedir la captura de civiles israelíes y su traslado a Gaza, incluso a costa de matarlos”.
Tras recibir distintas alegaciones, la Comisión verificó que el Ejército israelí aplicó probablemente la directiva en dos casos en los que murieron 14 israelíes.
En relación con el ataque del 7 de octubre en Israel, el informe concluye que el brazo militar de Hamás y otros seis grupos armados palestinos son responsables de distintos crímenes de guerra, como dirigir intencionadamente ataques contra civiles, cometer asesinatos u homicidios dolosos, infligir torturas, tratos inhumano o crueles, destruir y apoderarse de la propiedad de un adversario, y perpetrar ultrajes a la dignidad personal y toma de rehenes, incluidos niños.
El lanzamiento indiscriminado de miles de proyectiles contra pueblos y ciudades israelíes que causan muertos y heridos entre la población civil son también violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Miembros de grupos armados palestinos, en algunos casos ayudados por palestinos vestidos de civil, mataron, hirieron, torturaron y tomaron rehenes deliberadamente, incluidos niños, y cometieron actos de violencia sexual y de género contra civiles y contra miembros de las fuerzas de seguridad israelíes, algunos de los cuales estaban fuera de combate y no deberían haber sido atacados.
La Comisión identificó pautas indicativas de violencia sexual y concluyó que no se trataba de incidentes aislados, sino perpetrados de forma similar en varios lugares, principalmente contra mujeres israelíes.
La Comisión afirma que tanto el ataque del 7 de octubre en Israel como la posterior operación militar israelí en Gaza no deben considerarse de forma aislada.
La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas la agresión y la represalia por ambas partes, es garantizar la estricta observancia del derecho internacional, asegura la Comisión.
“Esto incluye poner fin a la ocupación ilegal israelí del territorio palestino, a la discriminación, la opresión y la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, y garantizar la paz y la seguridad para judíos y palestinos”, agrega.
"Es imperativo que todos los que han cometido crímenes rindan cuentas", declaró Navi Pillay, la presidenta de la Comisión, tras darse a conocer el informe. "La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas las agresiones y represalias por ambas partes, es garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional".
Pillay dijo que "Israel debe poner fin de inmediato a sus operaciones y ataques militares en Gaza, incluido el asalto a Rafah, que ha costado la vida a cientos de civiles y ha desplazado de nuevo a cientos de miles de personas a lugares inseguros sin servicios básicos ni ayuda humanitaria".
Y añadió: "Hamás y los grupos armados palestinos deben cesar inmediatamente los ataques con cohetes y liberar a todos los rehenes. La toma de rehenes constituye un crimen de guerra".
El informe de la Comisión, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos en 2021, es la primera investigación en profundidad de la ONU sobre los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023 y desde entonces, se basa en entrevistas con víctimas y testigos realizadas a distancia y durante una misión a Turquía y Egipto, miles de elementos de fuentes abiertas verificados mediante análisis forenses avanzados, cientos de presentaciones, imágenes por satélite e informes médicos forenses.
Israel obstruyó las investigaciones de la Comisión e impidió su acceso a Israel y a los Territorios Palestinos Ocupados.