Desde hace varias semanas, la agenda de reforma legislativa en el ámbito de los medios, impulsada por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, se ha acelerado, en un contexto marcado por la cruenta guerra en Gaza y Líbano.
La noche del 20 de noviembre, el Parlamento israelí aprobó una versión más estricta de la conocida como ley «Al-Jazeera», un nombre acuñado por la prensa del país. Esta medida excepcional, implementada inicialmente en abril de 2024 por un periodo de cuatro meses y renovada en julio, ha sido nuevamente prorrogada. La reciente enmienda amplía su vigencia a seis meses y endurece las restricciones, estableciendo la prohibición de emisión en Israel de cualquier medio extranjero que los servicios de seguridad consideren “perjudicial para la seguridad nacional”, con un margen de entre 45 y 60 días para su ejecución.
El 3 de noviembre, la comisión legislativa interministerial de la Knéset, el Parlamento israelí, aprobó un proyecto de ley que otorga al ministro de Comunicaciones un mayor control sobre los medios. Este proyecto busca transferir la administración del presupuesto de la radiotelevisión pública Kan al Ministerio de Comunicaciones. Actualmente, cualquier modificación del presupuesto del grupo, financiado mediante fondos públicos e ingresos publicitarios, requiere la aprobación de una ley.
Asimismo, el 28 de octubre, la misma comisión aprobó una reforma que modifica el sistema de cálculo de audiencias televisivas. Según la propuesta, el Ministerio de Comunicaciones asumiría esta función, reemplazando al organismo independiente que actualmente desempeña esta tarea, equivalente a Médiamétrie en Francia, Nielsen en Estados Unidos o GfK en Alemania.
«El Gobierno de Benjamin Netanyahu está llevando a cabo un ataque frontal contra la independencia editorial y el pluralismo de los medios en Israel. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, representante del partido de línea dura Likud, está utilizando el contexto de la guerra actual, la más larga de la historia del país, para silenciar a las voces críticas con la coalición de extrema derecha en el poder. Estas leyes sobre los medios fueron presentadas por diputados del Likud y posteriormente aprobadas por el comité legislativo interministerial, dominado por el mismo partido político. Estos ataques, en particular a la cadena pública Kan, tendrán un impacto negativo duradero en el panorama mediático israelí, en primer lugar al mancillar uno de sus estandartes: la prensa libre de un sistema que se ha autoproclamado la “única democracia de Oriente Medio”. RSF pide a los políticos israelíes, empezando por el ministro Shlomo Karhi y el primer ministro Benyamin Netanyahu, que muestren responsabilidad y abandonen estos planes de reforma», comenta Anne Bocandé, Directora Editorial de RSF.
El ministro Karhi ha demostrado abiertamente su animadversión hacia los medios de servicio público. Apenas tres meses después de asumir su cargo en el gabinete de Benjamín Netanyahu en diciembre de 2022, presentó en marzo de 2023 un ambicioso plan para reestructurar el ecosistema mediático del país. En su ofensiva, no dudó en calificar de “terroristas” a sus críticos en la Knéset ni en acusar al diario liberal Haaretz de difundir “propaganda antiisraelí”. Las leyes en debate actualmente son parte de este plan, implementado de manera fragmentada.
Un pilar central de esta estrategia es debilitar a la cadena pública Kan mientras se favorece a cadenas privadas alineadas con la coalición gobernante, como Canal 14. En agosto de 2024, Canal 14 pasó a formar parte de los canales que emiten por la red terrestre (el equivalente a la TDT en Francia), gracias a la intervención del Likud y del ministro Karhi. Sorprendentemente, los costos de licencia asociados a esta emisión no son cubiertos por el canal privado, sino por la cadena pública, agravando así su debilitamiento financiero.
Otro proyecto de ley aprobado por la comisión legislativa interministerial el 30 de junio de 2024 permite que las frecuencias de radio sean asignadas directamente por el ministro de Comunicaciones, eliminando la autonomía de la Segunda Autoridad, el organismo independiente encargado de gestionar estas licencias. Esta medida subraya la intención de centralizar el control sobre los medios en manos del gobierno.
El control sobre los medios internacionales también ha sido evidente. Antes de la promulgación de la controvertida ley «Al-Jazeera» en abril de 2024, Karhi ya había prohibido, en noviembre de 2023, las emisiones del canal libanés Al-Mayadeen, conocido por su línea editorial pro-Hezbollah y pro-Irán.
En Israel los periodistas críticos con el gobierno y la guerra llevan más de un año sufriendo presiones e intimidaciones. En Gaza, la Cisjordania ocupada y Líbano, los periodistas siguen siendo objetivo del Ejército israelí. Desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas armadas de Israel han matado a más de 145 periodistas en el enclave palestino asediado, de los cuales al menos 35 lo fueron en el ejercicio de su profesión, según la información de la que dispone RSF.