El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que reforma las leyes de Dependencia y Discapacidad, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizar más derechos y ampliar el catálogo de servicios para personas con dependencia y discapacidad. Se eliminarán incompatibilidades en prestaciones, se reconocerá la teleasistencia como un derecho universal y se incluirán nuevos servicios como asistencia personal y cuidados en vivienda. Además, se prohibirá la discriminación por discapacidad en seguros y se establecerán medidas para asegurar la accesibilidad universal. Esta iniciativa es parte del compromiso del Gobierno por mejorar la atención a casi 2 millones de personas que requieren apoyo en España.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que busca reformar simultáneamente la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Esta iniciativa, presentada por el ministro Pablo Bustinduy, tiene como objetivo principal revertir los recortes aplicados en años anteriores y garantizar un mayor número de derechos para las personas en situación de dependencia o discapacidad.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, así como la supresión del plazo suspensivo de dos años para acceder a ayudas económicas destinadas a cuidados familiares. Estas medidas buscan facilitar un acceso más equitativo a los servicios necesarios para una vida digna.
Además, el anteproyecto introduce importantes cambios en la Ley de Dependencia. Se prevé regular la asistencia personal, expandir el servicio de ayuda a domicilio y reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo. También se establece una conexión directa entre el reconocimiento de una discapacidad del 33% y cualquier grado de dependencia, prohibiendo la discriminación por discapacidad en seguros y garantizando la accesibilidad universal.
En su presentación desde el Palacio de La Moncloa, Bustinduy destacó que esta reforma representa “un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital”, enfatizando que se trata de un avance significativo hacia la promoción del derecho a la vida independiente y a la autonomía personal.
Según datos oficiales, cerca de 1.837.818 personas requieren atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Durante el mandato del Partido Popular, se estima que este sistema sufrió recortes por valor de 5.406 millones de euros. En respuesta, desde 2020, el Gobierno actual ha incrementado significativamente las partidas destinadas al SAAD, alcanzando cifras récord en los últimos presupuestos.
Bustinduy subrayó que esta reforma no solo busca revertir recortes pasados, sino también “blindar derechos” para evitar futuros recortes. Esto permitirá a los usuarios reclamar legalmente aquellos servicios que les correspondan según lo estipulado en la ley.
La nueva legislación también contempla un enfoque centrado en la persona, alejándose del modelo asistencialista tradicional. Se amplían los servicios ofrecidos para incluir cuidados personalizados y apoyo en entornos comunitarios. Además, se reconoce el derecho a recibir teleasistencia universal para todos aquellos que residen en sus hogares.
Asimismo, se incorporan nuevos servicios al catálogo existente: cuidados en viviendas compartidas o colaborativas, provisión temporal de productos que mejoren la autonomía y asistencia personal adaptada a las necesidades individuales.
El anteproyecto también garantiza derechos fundamentales como decidir sobre las prestaciones recibidas y asegurar atención sanitaria adecuada sin importar el lugar donde residan las personas dependientes. Este aspecto es especialmente relevante tras las deficiencias observadas durante la pandemia.
Las reformas incluyen además medidas específicas para apoyar a los cuidadores no profesionales con formación y recursos necesarios para su bienestar físico y emocional.
En cuanto a la Ley de Discapacidad, el anteproyecto busca desarrollar el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado recientemente para aumentar los derechos y dignidad de estas personas. Se establecerá un Fondo Estatal destinado a promover la accesibilidad universal, permitiendo exigir mejoras concretas en edificios públicos y privados.
También se modificarán leyes existentes para facilitar ayudas económicas destinadas a obras que mejoren la accesibilidad en comunidades residenciales. En este sentido, se reducirá el porcentaje que debe asumir cada comunidad vecinal para acceder a estas ayudas.
Otro aspecto importante es la prohibición de discriminación por parte de compañías aseguradoras hacia personas con discapacidad. Además, se implementarán medidas tecnológicas para eliminar sesgos discriminatorios en procesos automáticos y fomentar usos positivos dentro del ámbito científico.
Por último, se prestará especial atención a las mujeres con discapacidad y a los niños con necesidades especiales mediante iniciativas enfocadas en su salud sexual y reproductiva así como su desarrollo infantil temprano.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1,837,818 | Número de personas que requieren atención por parte del SAAD |
| 5,406 millones de euros | Recortes del Partido Popular al sistema de dependencia |
| 150% | Incremento en las partidas destinadas a financiar el SAAD desde 2020 |
| 783 millones de euros | Cantidad repartida entre los gobiernos autonómicos en 2023 |
El anteproyecto de ley incluye la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, la eliminación del plazo suspensivo de dos años para las prestaciones económicas, y la inclusión de nuevos servicios como asistencia personal, teleasistencia, y cuidados en vivienda.
La reforma garantizará derechos fundamentales como la accesibilidad universal, prohibirá la discriminación por discapacidad en seguros, y establecerá un fondo estatal para financiar intervenciones necesarias para mejorar la accesibilidad.
Se incluirán derechos para que los cuidadores no profesionales reciban apoyos, asesoramiento y formación para su bienestar físico y emocional, así como información sobre prestaciones y medidas para conciliar su vida personal y laboral.
El objetivo principal es garantizar más derechos para las personas con dependencia o discapacidad, revertir recortes anteriores y ampliar el catálogo de servicios disponibles, promoviendo así una vida digna e independiente.
Se ampliarán los servicios centrados en la persona, incluyendo cuidados en el hogar, asistencia personal adaptada a las necesidades individuales y reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal.
La reforma menciona específicamente la importancia de garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, así como fomentar el desarrollo infantil en niños y niñas con discapacidad a través de servicios de atención temprana.