Elisa Mouliaá ha entregado su móvil al juez que investiga la presunta agresión sexual por parte de Íñigo Errejón, quien no ha acudido a la cita judicial ni ha entregado su dispositivo. Mouliaá asegura que en su teléfono hay pruebas que demuestran que no hubo consentimiento y que se produjo una agresión. A pesar de haber solicitado la paralización de la entrega del móvil, la defensa de Errejón argumenta que ya no posee el dispositivo original y que ha aportado todas las conversaciones relevantes desde el inicio de la investigación. La situación sigue generando controversia mediática y legal en torno al caso.
Elisa Mouliaá ha hecho entrega de su teléfono móvil al juez encargado de investigar la presunta agresión sexual que sufrió en septiembre de 2021 por parte de Íñigo Errejón. A diferencia de ella, el exdiputado no ha comparecido ante el juzgado ni ha entregado su dispositivo, optando por esperar la resolución de un recurso de apelación que impugna esta medida.
La denunciante se presentó este viernes en los Juzgados de Plaza de Castilla acompañada por su abogado y aseguró que el contenido del teléfono contiene “pruebas que delatan que no hubo consentimiento y que hubo una agresión”. En declaraciones a la prensa, Mouliaá expresó su frustración: “Esto parece el día de la marmota”, recordando que ya había intentado entregar su teléfono anteriormente, pero no pudo ser analizado debido a problemas técnicos. “No tenemos nada que ocultar y esperemos que el acusado se presente esta vez”, agregó.
El juez Adolfo Carretero había citado tanto a Mouliaá como a Errejón para la entrega de sus móviles con el fin de analizar las conversaciones mantenidas antes y después de los hechos. Sin embargo, la defensa del exdiputado notificó que no acudiría al juzgado y que “esperará a la resolución del recurso” presentado. Además, habían solicitado previamente paralizar la entrega del móvil, argumentando el temor a que su contenido fuera divulgado en los medios.
En un escrito al que tuvo acceso laSexta, se argumentaba también que Errejón “ya no conserva el dispositivo móvil” utilizado en octubre de 2021, ya que cambió de teléfono en noviembre de 2023. Su defensa sostiene que desde el inicio de la investigación, Errejón ha proporcionado todas las conversaciones guardadas con Mouliaá y asegura que “no ha borrado ninguna conversación”, mientras acusa a Mouliaá de haber eliminado rastro alguno de contacto.
Mouliaá, por su parte, aclaró ante los medios que durante dos años se borraron ocho mensajes entre ambos, tanto suyos como de Errejón, a causa de acciones tomadas por su anterior abogada. Aseguró que estos mensajes eran “esporádicos” y no contenían ningún tipo de referencia a volver a verse.
La defensa del exdiputado también argumentó en su escrito que obtener información relevante requeriría mandatos judiciales dirigidos a Instagram y destacó que existen métodos menos invasivos para preservar la intimidad personal. Insisten en que acceder al teléfono implica volcar todo su contenido, lo cual excede los límites aceptables para la privacidad y seguridad de los datos personales. Finalmente, enfatizan que esta diligencia es impulsada más por intereses mediáticos que probatorios.
Elisa Mouliaá entregó su teléfono móvil al juez que investiga la presunta agresión sexual por parte de Íñigo Errejón, asegurando que contiene pruebas que demuestran que no hubo consentimiento.
Íñigo Errejón no acudió al juzgado ni entregó su teléfono, argumentando que esperará a la resolución de un recurso de apelación contra esta medida. Su defensa sostiene que ya aportó todas las conversaciones relevantes y que no conserva el dispositivo móvil original del día de los hechos.
Mouliaá afirmó que en su móvil hay conversaciones que prueban la agresión, incluyendo diálogos con Errejón y mensajes a testigos sobre lo ocurrido.
La defensa de Errejón argumenta que acceder al contenido completo del teléfono sería una violación de su privacidad y seguridad de datos, sugiriendo que existen métodos menos invasivos para obtener la información necesaria.