El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral para el comisario jubilado José Manuel V. y para dos periodistas de la extinta revista Interviú por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros en relación con la sustracción de la tarjeta del móvil de Dina Bouselham, exasesora del que fuera líder de Podemos Pablo Iglesias.
En el auto de apertura de juicio oral de esta pieza 10 del denominado caso Tándem, el juez recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, de Pablo Iglesias y de Dina Bouselham, estos dos últimos personados como acusaciones particulares. El Ministerio Público solicita una condena de cinco años de cárcel para José Manuel V. y de 3 años para los periodistas Luis R. y Alberto P., además de una indemnización de 5.000 euros para la exasesora y de 1.000 para el exsecretario general de Podemos.
La resolución recoge el relato de los hechos que hace el Ministerio Fiscal, en el que detalla cómo los dos periodistas recibieron de una persona anónima, el 19 de enero de 2016, la tarjeta del móvil de Bouselham que le habían sustraído unos meses antes y se la entregaron a José Manuel V., por entonces comisario de la Policía Nacional. La tarjeta contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios, archivos de vídeo y audio y otros documentos de carácter íntimo y personal. Con esa tarjeta en su poder, el excomisario, siempre según el escrito de Anticorrupción, “actuando con abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial, el manejo de fuentes y la captación de información de interés policial en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa, hizo entrega de aquellos archivos descargados a periodistas de su círculo de confianza para que estos elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos, y del por entonces secretario general Pablo Iglesias Turrión”.
Una vez recibidos los escritos de acusación y dictado el auto de apertura de juicio oral, el juzgado emplaza a los abogados de los investigados para que presenten sus escritos de defensa y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento de los hechos.
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